¿Qué consecuencias tiene la declaración de caducidad del procedimiento?

Entre los clientes encuentro que tienen una gran confusión entre lo que es la caducidad y la prescripción. Esta confusión es mayor cuando un expediente ha caducado y ellos ya se ven todo felices sin sanción y se encuentran que les vuelven a abrir otro expediente sancionador.

Para expresarlo de una forma que lo entiendan, suelo decirles: los expedientes caducan en un plazo breve de tiempo de meses, pero las infracciones prescriben en plazos largos de años. Cada vez que un expediente caduca, la Administración debe declarar dicha caducidad y archivar el expediente. Pero, mientras no transcurra el plazo de prescripción, te pueden volver a abrir otro expediente por la misma infracción.

En esta entrada vamos a hablar de la caducidad.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias muy clarificadoras sobre el tema:  sentencia de 19.03.2018 nº 436/2018 (RCA nº 2412/2015) y sentencia  nº 438/2018 (RCA nº 2054/2017).

La normativa aplicable para este tema es, fundamentalmente, el art. 25.1 de la Ley 39/15 de procedimiento administrativo dice:

“En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: …/…
En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.”.

Así mismo, el art. 21.1 de la misma ley nos dice que:

“La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables

Algunas sentencias del Tribunal Supremo habían generado confusión porque habían dicho que la caducidad del expediente era un vicio de anulabilidad, por lo que es expediente tramitado había existido en derecho.

Sin embargo, las recientes sentencias que ahora citamos cierran la discusión diciendo que cuando se ha producido la caducidad del expediente estamos ante un vicio de nulidad, por lo que el expediente nunca existió. Dicen las sentencias:

«… los actos y resoluciones administrativas han de dictarse en un procedimiento válido, ello constituye una exigencia básica de nuestro ordenamiento administrativo que se plasma en numerosos preceptos (art. 53 de la LRJPAC) llegándose a sancionar con la nulidad de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido (art. 62.1.e) de la LRJPAC). De modo que el procedimiento ha devenido inválido e inexistente como consecuencia de su caducidad, ha dejado de ser un cauce adecuado para dictar una resolución administrativa válida que decida sobre el fondo, por lo que la Administración está obligada a reiniciar uno nuevo«.

Una consecuencia esencial de la diferencia entre estar ante un vicio de anulabilidad o de nulidad es la posibilidad «in extremis» de poder acudir a la llamada «acción de nulidad» para solicitar de la Administración la incoación y tramitación de un procedimiento de revisión de oficio del art. 106 de la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo.

Estas sentencias tienen también la importancia de clarificar que la caducidad se produce por el mero transcurso del tiempo, sin necesidad de esperar a una resolución que así lo declare.